Londres frena a los fondos que compran laudos contra España: un laudo del CIADI solo lo puede ejecutar quien ganó el arbitraje
Redacción Ley y Capital. Texto elaborado con IA y publicado sin revisión humana previa, tras controles automáticos. Editor responsable: Guillermo García Parra. Cómo trabajamos
El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha rechazado que Blasket Renewable Investments, un fondo de Delaware que compra condenas contra España por el recorte a las renovables, ocupe el lugar de los inversores originales para cobrar un laudo de 29,3 millones. La sentencia, de 2 de noviembre, concluye que el Convenio del CIADI reserva el reconocimiento y la ejecución a quienes fueron parte en el arbitraje. Es un golpe al mercado secundario de laudos, una de las vías con las que los acreedores presionan a España para cobrar.

Contexto
Entre 2010 y 2014 España recortó con efecto retroactivo las primas a las renovables que había prometido para atraer inversión. Decenas de inversores extranjeros demandaron al Estado al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, y muchos ganaron. España no paga voluntariamente: sostiene que, entre países de la UE, esos laudos chocan con el Derecho de la Unión (doctrina Achmea y Komstroy) y que pagarlos sería una ayuda de Estado no autorizada. España, además, denunció el tratado con efectos desde el 17 de abril de 2025. Ante la falta de pago, los acreedores buscan embargos en Reino Unido, Estados Unidos, Australia o Países Bajos, y han aparecido fondos especializados, como Blasket, que compran los laudos con descuento y litigan para cobrarlos. En paralelo, según un titular de Expansión del 6 de noviembre, E.ON busca cobrar en Estados Unidos un laudo de 315 millones contra España; Ley y Capital no ha podido verificar los detalles de esa demanda.
Por qué importaEl valor de un laudo contra un Estado depende de dónde y quién puede ejecutarlo. Muchos inversores originales prefieren vender su derecho a un fondo y cobrar ya una parte segura, en lugar de pasar años litigando por medio mundo. Ese mercado solo funciona si el comprador puede ponerse en la piel del vendedor ante los tribunales. La Court of Appeal dice que, en Inglaterra, no puede: el sistema del CIADI se construyó sobre el consentimiento del Estado a arbitrar con un inversor concreto, y no existe una norma de Derecho internacional consuetudinario que permita ceder ese derecho sin el consentimiento del Estado deudor. Además, el registro inglés del laudo no crea un derecho autónomo que se pueda vender por separado. Consecuencia práctica: los laudos cedidos valen menos en Londres, y los fondos tendrán que litigar en nombre de los inversores originales (si el contrato lo permite) o elegir otras jurisdicciones más favorables. Para España es un respiro, no una victoria: la deuda sigue existiendo y los inversores originales pueden seguir reclamando.
Qué significa para…
Los fondos que compran laudos contra Estados tendrán que estructurar las compras de otra forma: por ejemplo, que el inversor original siga siendo el demandante y el fondo solo financie y se quede con lo cobrado. Las cesiones puras pierden valor en Inglaterra.
Precedente relevante sobre el art. 54 del Convenio CIADI y la interpretación de tratados (arts. 31 y 32 de la Convención de Viena). Distingue el régimen CIADI del Convenio de Nueva York y deja abiertas las transmisiones involuntarias (insolvencia, sucesión, fusiones).
Quien gane un arbitraje de inversión debe pensar antes de vender el laudo: en algunos países el comprador no podrá ejecutarlo. Conviene pactar en el contrato de cesión qué pasa si un tribunal no admite la sustitución.
Indirectamente, cada laudo que España acaba pagando sale de los Presupuestos. Esta sentencia retrasa algún cobro, pero no elimina la deuda acumulada por el recorte retroactivo a las renovables.
Victoria procesal para España y mal día para los fondos de laudos, pero la factura de las renovables sigue sobre la mesa.
El mercado secundario de laudos es, en el fondo, un negocio de descuento por riesgo de cobro: el fondo paga, por ejemplo, 40 céntimos por euro y apuesta a cobrar el 100%. Esta sentencia sube ese riesgo en Londres, una de las plazas donde más fácil era embargar bienes comerciales de España, así que los precios de compra deberían bajar. Quien gana es el Estado deudor, que gana tiempo; quien pierde, el inversor original que necesite liquidez, porque su laudo vale menos. Y queda una incoherencia de fondo: el mismo Estado que pierde el arbitraje se beneficia de no pagar.
La sentencia es sólida en método: aplica los criterios de interpretación de la Convención de Viena y exige un listón alto para reconocer costumbre internacional. Pero no cierra el debate: tribunales de Estados Unidos, Australia (con un recurso pendiente que se espera para enero de 2027) y Países Bajos han dado la razón a cesionarios en casos parecidos, así que el resultado depende del país donde se litigue. Eso es lo contrario de la seguridad jurídica que buscaba el Convenio CIADI. Tampoco toca la cuestión de fondo: si España debe pagar o no estos laudos frente a las objeciones de Bruselas.
España prometió unas primas, las recortó después y perdió decenas de arbitrajes por ello. Esta sentencia no dice que España tenga razón; dice solo quién puede reclamar el dinero en Inglaterra. La pregunta incómoda es cuánto cuestan los intereses que siguen corriendo mientras el Estado gana batallas procesales sin resolver la deuda.
Valoración propia, separada de la información. No es asesoramiento jurídico ni de inversión.
Ceder un crédito es vender a otro el derecho a cobrar una deuda: el comprador (cesionario) ocupa el lugar del acreedor original (cedente). En Derecho civil español, el art. 1112 del Código Civil permite transmitir los derechos salvo pacto o ley en contra, y el art. 1526 regula la cesión de créditos. Pero que alguien sea dueño de un crédito no significa siempre que pueda reclamarlo ante cualquier tribunal: eso es la legitimación procesal. Ejemplo: un inversor tiene un laudo de 29,3 millones contra un Estado y lo vende a un fondo por 12 millones. Si el tribunal donde quiere embargar solo deja ejecutar al 'que fue parte', el fondo tiene el derecho económico pero no la llave procesal, y depende de que el inversor original litigue por él.
Qué vigilarSentencia del pleno del Tribunal Federal de Australia en el recurso de Blasket contra España, esperada para enero de 2027; posible recurso ante el Supremo británico; demanda de E.ON en Estados Unidos; y si el próximo Gobierno, tras el 29-N, abre una vía de pago o negociación de los laudos.
La ficha: todas las cifras
- Sentencia: Operafund Eco-Invest SICAV plc y otros contra el Reino de España, [2026] EWCA Civ 1392, de 2 de noviembre de 2026; ponente Lord Justice Foxton, con Lewison y Males LJJ.
- Laudo: dictado el 6 de septiembre de 2019 y rectificado el 28 de octubre de 2019, por 29,3 millones de euros a favor de Operafund (Malta) y Schwab Holding (Suiza), por el Tratado sobre la Carta de la Energía.
- España pidió anularlo el 25 de febrero de 2020; un comité ad hoc del CIADI lo rechazó el 2 de marzo de 2023.
- Registro en Inglaterra: concedido el 14 de septiembre de 2021 al amparo de la Arbitration (International Investment Disputes) Act 1966.
- Cesión: el 31 de enero de 2024, sometida a Derecho suizo, los acreedores cedieron a Blasket todos sus derechos sobre el laudo; Blasket pidió sustituirlos en el proceso el 25 de julio de 2024.
- Primera instancia: el juez Pelling KC lo rechazó ([2025] EWHC 2874 (Comm)); la Court of Appeal desestima el recurso, en lo sustancial por las mismas razones.
- Clave jurídica: el art. 54(2) del Convenio CIADI habla de 'una parte' que pide el reconocimiento; el tribunal lo lee como una de las partes del arbitraje.
- Contexto procesal: el Supremo británico ya rechazó en marzo ([2026] UKSC 9) que España pueda invocar inmunidad frente al registro de estos laudos.
Cómo lo hemos verificado
Los datos del caso (partes, fechas, importe, jueces y fallo) están confirmados en el texto de la sentencia publicado por The National Archives y coinciden con el comentario del catedrático José Carlos Fernández Rozas. El reproche de que el resultado choca con decisiones de otros países sale de la propia sentencia, que las cita. La noticia de E.ON en EE. UU. procede solo de un titular de Expansión, cuyo texto no se ha podido leer; no se publican sus detalles.